Uno de los problemas que se enfrenta en la administración pública en las provincias, sobre todo en gobiernos locales, respecto al nivel de ejecución de la inversión pública, es que muchas veces las metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Dirección General de Presupuesto Público, son inverosímiles; toda vez que estas no concuerdan con la realidad financiera de las instituciones públicas de las regiones, sobre todo de aquellas como las nuestras que tienen una alta dependencia de la explotación de sus recursos minerales (el petróleo en nuestro caso). Esto hace que los Gobiernos Regionales y, principalmente, la mayoría de los Gobiernos Locales, no puedan cumplir dichas metas de ejecución y no puedan acceder a las bonificaciones que se ofrecen por dicho logro.

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Tal es el caso de las recientes metas establecidas para acceder al REI 2021 (Reconocimiento de Ejecución de Inversiones 2021). Así, las dos principales vallas a cubrir para cumplir con el REI 2021, son que al finalizar el primer trimestre se certifique por lo menos el 40% del PIM (Presupuesto Institucional Modificado) y se devengue como mínimo el 20% del mismo (ojo, que el devengado ya es ejecución financiera y esto no debe hacerse sin disponer de manera real de los fondos). Dichas metas de ejecución, en más del 50% de las instituciones ediles del departamento de Loreto, simplemente van ha ser imposibles de cumplir tanto por razones financieras como físicas; a continuación, paso a explicar cada una de las mismas.

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Razones financieras:

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Los Gobiernos Locales, para financiar sus gastos de inversión, normalmente solo disponen de manera real de 3 posibles fuentes de financiamiento. El Canon Petrolero, que es el recurso más usual y que perciben mensualmente de manera casi impostergable. Los Recursos Ordinarios, que son aquellos que provienen del mismo MEF y/o Sectores del Gobierno Nacional cuando la entidad edil accede al financiamiento de algún proyecto o programa de inversión pública. Y, por último, los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a los cuales se accede de manera similar que a los Recursos Ordinarios.

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También se puede financiar la inversión mediante el FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal) y Recursos Directamente Recaudados; no obstante, estos son casos muy aislados. En el caso del FONCOMUN, es usado principalmente para cubrir los gastos corrientes (operativos) de la entidad edil, los cuales llegan muchas veces a representar hasta un 90% de todo su ejecución presupuestal (y eso que siempre deben a sus proveedores y arrastran deudas de ejercicios anteriores); y en el caso de los Recursos Directamente Recaudados, esto solo se pudiese (y de hecho se da) en municipalidades provinciales o distritales de ciudades grandes como Iquitos (la MPM), Punchana, Belén, San Juan Bautista, Nauta, Yurimaguas y Requena, donde la recaudación puede ser algo considerable; sin embargo, hay que tomar en cuenta que este RDR en su mayoría tiene un fin específico, por lo que no todo puede ser usado en inversión, quedando así saldos irrisorios para ser destinados a la obra pública.

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De estos tres tipos de recursos, los únicos que cuentan con marco financiero seguro son los Recursos Ordinario y los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, toda vez que son fondos que vienen directamente del erario público. Sin embargo, en el caso del Canon Petrolero, el comportamiento de las transferencias financieras del mismo es muy inestable, ya que depende directamente del comportamiento de la actividad petrolera en la región; así, si no la explotación petrolera es baja, la transferencia financiera será baja y viceversa. Por tanto, no se puede programar de manera segura la ejecución de una inversión con Canon Petrolero.

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Para tener una idea más clara analicemos cifras. De acuerdo a la Ley de Presupuesto Público 2021; la inversión pública de los Gobiernos Locales a ser financiada por los Recursos del Canon Petrolero asciende a S/44.81 millones para todo el año, para ello las transferencias de Canon deberían ser en promedio de S/3.73 millones mensuales. No obstante, al mes de enero de 2021, la asignación financiera del Canon Petrolero distribuida entre todos los municipios de la región, apenas ascendió a S/1.09 millones; es decir, que ya existe un desbalance de S/2.64 millones para cumplir metas de inversión con este recurso. Así, si sacamos una proyección real con una asignación de entre S/ 1.1 y S/ 1.5 millones mensuales tendremos que el PIM proyectado con Canon Petrolero para financiar la inversión de los Gobiernos Locales, tiene un desfinanciamiento que oscila entre el 60% y 71% (de hecho, en enero ya se ve un desfinanciamiento real del 70.78%). Esto quiere decir, que por cada S/ 1 millón de inversión programada con Canon Petrolero, faltaría cubrir S/700 mil soles ¿de dónde?.

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A esto debemos agregar que de las 53 municipalidades que conforman el departamento de Loreto, 25 solo disponen de Canon Petrolero como su único y principal recurso para poder financiar sus gastos de inversión; ergo, el 47.17% de las comunas de nuestra región están condenadas a no poder cumplir de ninguna manera con las metas REI, no solo porque no llegarán a percibir los recursos necesarios por parte Canon Petrolero, sino porque tienen un PIM total sobre dimensionado por una proyección irreal de esta fuente de financiamiento.

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Razones físicas

 

Esto tiene que ver con la dinámica propia de la ejecución física de las obras. Según el MEF, la inversión pública debe ejecutarse de manera “prorrateada” en un promedio de entre 20% al 25% trimestral; No obstante, en la realidad, la ejecución física y financiero de una obra pública (y de un proyecto de inversión en general, aun los de tipo productivo y/o de fortalecimiento de capacidades) no se da de esta manera. Es decir, si tu obra es de S/1.5 millones a ejecutarse en 3 meses, no quiere decir que vas a ejecutar S/ 500 mil cada mes (ni un cachimbo de Ingeniería Civil supone tal disparate). Ergo, una municipalidad puede contar con Recursos Ordinarios y Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito para financiar la ejecución de sus inversiones (de hecho 28 municipalidades de la región tienen estos recursos), pero si la ejecución física, y por ende, financiera de la misma no permite una valorización neta que cubra el 20% o 25% del devengado del PIM, simplemente la meta no será posible de cumplir. Así, por ejemplo, se puede tener un PIM de S/ 8 millones para ejecutar la continuación de una obra, pero si entre enero y diciembre, por la complejidad de la misma, solo se puede valorar S/ 1.5 millones, simplemente la meta no se cumple. Salvo en casos que sea una obra que recién ha sido adjudicada, sí se puede esperar una ejecución significativa por el pago de los adelantos que ascienden al 40% del valor de la misma.

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Tal como se puede observar, el planteamiento de este tipo de metas por parte del MEF para la ejecución de la inversión pública que son irreales y muchas veces sin financiamiento, van a perjudicar principalmente a los Gobiernos Locales; sobre todo a quienes solo cuenta con la fuente del Canon Petrolero para solventar su inversión pública. Esta situación se pone más crítica considerando el alto riesgo de paralizar las obras como consecuencia de la pandemia, toda vez que los trabajadores se encuentran constantemente expuestos a un contagio masivo que obligaría a retrasos. Razón por lo que más del 50% de las Municipalidades del Departamento de Loreto no pudiesen cumplir con dichas metas. De hecho, las metas del REI 2020 solo pudieron ser cumplidas por 16 de las 53 municipalidades, es decir que un 70% de los Gobiernos Locales no pudo lograr superar estas vallas.

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En este sentido, el MEF debería promover iniciativas que permitan acceder a más recursos financieros a los Gobiernos Locales que se han visto afectados por contar con una sola fuente de financiamiento para afrontar sus gastos de inversión, como en el caso del Canon. Esto mediante metas más reales que analicen y premien el uso eficiente de los pocos recursos con los que ahora cuentan. Esto no solo permitirá inyectar más fondos de inversión en los distritos, sino que permitirá dinamizar el gasto de inversión lo cual deriva en un mayor cierre de brechas, disminuyendo los niveles de pobreza y mejorando la distribución del ingreso en el interior del país.

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