En la sesión del domingo en la noche, el Congreso de la República aprobó una iniciativa de reforma constitucional para destinar como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector educación.

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Esta propuesta ha generado controversia respecto a su alcance constitucional y a los fundamentos que la sostienen. Según el artículo 79 de la Constitución, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo cual no puede crear ni aumentar gastos públicos a excepción de su presupuesto.

Si bien existe un consenso en cuanto a la necesidad de incrementar el presupuesto público designado a educación, el objetivo central es la calidad de la educación. En este contexto, resulta importante analizar los aspectos claves que motivarían esta propuesta.